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Jurisprudencia

Últimas resoluciones indexadas

24 resoluciones del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, las Cortes Superiores y los tribunales administrativos, ordenadas por especialidad.

Las fichas las redacta Justiniano automáticamente a partir del texto de cada resolución. El documento que vale es el PDF oficial.

Laboral 6

  • Corte SuperiorLaboral

    Exp. N.° 01247-2025-0-3208-JR-LA-02

    Locación de servicios – reposición e indemnización

    Un prestador de servicios demandó a la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA) para que se reconociera como laboral su vínculo bajo contratos de locación entre el 14 de junio de 2022 y el 17 de julio de 2025. Solicitó reposición por despido incausado, inscripción en planilla, beneficios sociales e indemnización. Primera instancia estimó parcialmente esas pretensiones y EMMSA apeló. La Sala revisó la valoración de órdenes de servicio, recibos por honorarios, información de planilla, un informe institucional, fotografías, correo institucional y la declaración del demandante; también examinó los montos concedidos por el cese.

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  • Corte SupremaLaboral

    Casación N.° 11870-2023 Lima

    Utilidades laborales y lucro cesante

    Una trabajadora demandó al Banco de la Nación por categoría, reintegros, beneficios convencionales, utilidades e indemnización. Alegó que un proceso anterior había reconocido su vínculo laboral indeterminado. El juzgado estimó parcialmente sus pedidos, incluidos utilidades y lucro cesante, pero rechazó la categoría Profesional II. La Sala Superior retiró los conceptos de movilidad y refrigerio y confirmó los demás extremos. El Banco recurrió en casación: sostuvo que la trabajadora debía probar los días efectivamente laborados para calcular utilidades, cuestionó la cuantía del lucro cesante y denunció defectos de motivación.

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  • Corte SupremaLaboral

    Casación N.° 21811-2023 Junín

    Libre afiliación al sindicato municipal

    7 obreros de la Municipalidad Provincial de Huancayo demandaron al SITRAOM-MPH para que se pronunciara sobre sus solicitudes de afiliación y les pagara una indemnización. El juzgado consideró arbitrarios varios requisitos del estatuto sindical y ordenó evaluar individualmente las solicitudes, pero declaró improcedente la indemnización. La Sala Superior declaró improcedente también la pretensión de afiliación: la carta notarial había llegado a una dirección distinta del domicilio del sindicato y, a su juicio, faltaba una negativa previa. Los trabajadores recurrieron en casación para cuestionar ese obstáculo y las restricciones estatutarias.

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  • Corte SuperiorLaboral

    Exp. N.° 25071-2023-0-1801-JR-LA-07

    Indemnización por daños tras despido incausado

    Un exobrero de la Municipalidad de San Isidro demandó una indemnización por los daños que atribuyó a su despido. En un proceso anterior se había declarado incausado el cese y ordenado su reposición. En este nuevo juicio solicitó lucro cesante, daño emergente y reparación por afectaciones personales. El juzgado concedió S/ 10,000 por daño moral, dejó el cálculo del lucro cesante para la ejecución y rechazó el daño emergente. Ambas partes apelaron: la municipalidad invocó ingresos obtenidos por el trabajador durante el cese y falta de prueba del daño moral; el demandante cuestionó el alcance de la reparación.

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  • Corte SupremaLaboral

    Casación Laboral N.° 6194-2025 Lima

    Laudo colectivo y motivación de sentencia

    El sindicato de inspectores reclamó a SUNAFIL y al Ministerio de Trabajo el pago de asignaciones de movilidad y alimentación previstas en el Laudo Arbitral 2010-2012, incluidos devengados para 193 afiliados. El juzgado amparó el pago y también ordenó mantener permanentemente los beneficios e incorporarlos en instrumentos presupuestarios. La Sala Superior confirmó las obligaciones de pago, pero dejó sin efecto esas últimas órdenes porque excedían lo pedido. SUNAFIL recurrió en casación: alegó que la vista no respondió su objeción sobre la representación sindical de no afiliados o cesados ni explicó adecuadamente la liquidación.

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  • Corte SupremaLaboral

    Casación N.° 26029-2025 Huaura

    Restitución de pensión y control posterior

    El pensionista demandó a la ONP para anular la resolución de 2016 que suspendió su jubilación adelantada y obtener la restitución de la pensión, devengados e intereses. La ONP invocó una pericia que cuestionaba las firmas de certificados de trabajo e información de SUNAT sobre el inicio de actividades de un empleador. El juzgado rechazó la demanda porque consideró válido el control posterior. La Sala Superior la estimó y la ONP recurrió en casación. La pensión ya había sido restituida por la propia entidad en 2010, en cumplimiento de una sentencia firme de amparo.

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Penal 6

  • Corte SupremaPenal

    Recurso de Nulidad N.° 124-2026 Lima

    Estafa – revocación de pena suspendida

    En un proceso por estafa simple, la agraviada pidió que se revocara la suspensión de la pena de la sentenciada porque no comparecía mensualmente al control biométrico ni había pagado íntegramente la reparación civil. El juzgado acogió el pedido e hizo efectiva la pena de 2 años y 6 meses; la Sala Superior confirmó. Mediante recurso de nulidad concedido por queja excepcional, la defensa alegó que las demoras en el registro no eran imputables a su patrocinada, que esta ya firmaba regularmente y que había efectuado pagos parciales. La Corte Suprema examinó si el auto de vista estaba debidamente motivado.

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  • Corte SupremaPenal

    Apelación N.° 91-2025 Lima

    Uso de documentos falsos en arbitraje

    Una sociedad conyugal recibió S/ 110 000 mediante un mutuo con garantía hipotecaria. Ante el incumplimiento de pagos, los acreedores iniciaron un arbitraje de cobro ante CAFI Perú. La Fiscalía atribuyó a la acusada y a su cónyuge la presentación de escritos acompañados de documentos falsos para sostener que la deuda había sido cancelada. El juzgado absolvió a la acusada porque estimó que no se había probado que conociera la falsedad. Tras la apelación fiscal, la Sala Superior revocó esa absolución y la condenó por uso de documento público y privado falso. La condenada interpuso una segunda apelación ante la Corte Suprema.

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  • Corte SupremaPenal

    Recurso de Nulidad N.° 155-2026 Del Santa

    Parricidio – adecuación de pena por retroactividad benigna

    Un condenado por parricidio, cuya pena firme era de 20 años de prisión, pidió sustituirla aplicando retroactivamente el sistema de tercios introducido por la Ley N.° 30076. Su defensa sostuvo que el artículo 45-A del Código Penal debía conducir a una pena de 15 años, considerando la confesión sincera, y alegó falta de motivación en el rechazo. La Sala Superior declaró improcedente la solicitud. En el recurso de nulidad, la Corte Suprema examinó si la ley posterior otorgaba una ventaja concreta durante la ejecución de la condena y si la decisión impugnada había respondido a los argumentos defensivos.

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  • Corte SupremaPenal

    Recurso de Nulidad N.° 672-2025 Nacional

    Reparación civil por desaparición forzada

    Tras una condena por desaparición forzada, una Sala Superior fijó S/ 200 000 de reparación civil a favor de la esposa y los 2 hijos de la persona desaparecida, a cargo solidario del condenado y del Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable. La defensa del condenado cuestionó, entre otros puntos, la valoración del daño y alegó prescripción conforme al inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil. La Procuraduría del Ministerio de Defensa sostuvo que su incorporación había sido tardía y que no pudo ejercer defensa. Ambos interpusieron recurso de nulidad contra el extremo civil de la sentencia del 06/06/2025.

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  • Tribunal ConstitucionalPenal

    Exp. N.° 01189-2023-PHC/TC

    Robo agravado y congruencia acusatoria

    Un procesado fue acusado por robo agravado, secuestro y asociación ilícita para delinquir tras el despojo de un vehículo que luego fue trasladado y vendido. La sala superior lo condenó por receptación a 2 años de prisión efectiva, pero la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al resolver un recurso de nulidad, reformó la sentencia y lo condenó por robo agravado a 20 años. Mediante habeas corpus, el condenado alegó que la acusación no precisaba su intervención ni un reparto de roles y que la ejecutoria suprema introdujo hechos nuevos. Las instancias constitucionales rechazaron su demanda y el asunto llegó al Tribunal Constitucional.

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  • Corte SupremaPenal

    Casación N.° 1715-2023 Lambayeque

    Usurpación agravada y admisión probatoria

    La agraviada afirmó que ejercía posesión sobre un terreno de Pomalca y que, en octubre de 2018, un trabajador municipal ingresó en su ausencia e instaló una casa prefabricada con apoyo de personal y un vehículo de serenazgo. El juzgado lo condenó por usurpación agravada a 5 años de prisión y S/800 de reparación civil; la Sala de Apelaciones confirmó la condena. En casación, el condenado sostuvo que se rechazaron indebidamente documentos ofrecidos durante el juicio y la apelación, y que no podía hablarse de despojo porque un acta de 2013 describía el terreno como abandonado.

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Gestión pública · SERVIR y SUNAFIL 5

  • SERVIRGestión pública · SERVIR y SUNAFIL

    Resolución N.° 005175-2026-SERVIR/TSC-Primera Sala

    Nulidad de suspensión disciplinaria por debido procedimiento

    La Municipalidad Distrital de Chinchero abrió un procedimiento disciplinario contra quien ejercía la jefatura de la Unidad de Personal. Le atribuyó haber rectificado los resultados finales del Proceso CAS N.° 001-2024-MDCH mediante un acta de corrección de digitación, pese a no integrar el comité de selección. El servidor sostuvo en sus descargos que el comité ya había concluido sus funciones y que el cronograma no asignaba expresamente la rectificación al órgano que emitió los resultados. La municipalidad le impuso 6 meses de suspensión sin remuneraciones y rechazó su reconsideración. El caso llegó en apelación a la Primera Sala.

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  • SUNAFILGestión pública · SERVIR y SUNAFIL

    Resolución N.° 0955-2026-SUNAFIL/TFL-Primera Sala

    Nulidad de oficio y requerimiento inspectivo

    SUNAFIL inspeccionó a la Municipalidad Provincial de Trujillo por una denuncia relacionada con la entrega de uniformes a trabajadores afiliados al sindicato de obreros. La Subintendencia de Sanción impuso una multa grave por no acreditar esa entrega y otra muy grave por incumplir una medida inspectiva de requerimiento del 20 de marzo de 2024. La Intendencia Regional de Tumbes confirmó ambas tras resolver la apelación. El Tribunal había declarado improcedente la revisión mediante la Resolución N.° 0577-2026-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. Luego, ante un escrito de la municipalidad, examinó de oficio esa decisión previa y el recurso de revisión.

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  • SERVIRGestión pública · SERVIR y SUNAFIL

    Resolución N.° 005086-2026-SERVIR/TSC-Primera Sala

    Destaque por unidad familiar y motivación

    Un obstetra nombrado de la Unidad Ejecutora 412 Salud Virú solicitó un destaque por unidad familiar para atender en Trujillo a sus hijos y a su padre adulto mayor. La entidad declaró improcedente la solicitud: sostuvo que era el único obstetra del establecimiento y que nadie podía cubrir su plaza sin afectar el servicio de salud. En apelación, el servidor afirmó que trabajaban 2 obstetras y que cumplía los requisitos del destaque. El Tribunal examinó si la resolución administrativa había explicado suficientemente los hechos que sustentaban la negativa.

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  • SERVIRGestión pública · SERVIR y SUNAFIL

    Resolución N.° 005390-2026-SERVIR/TSC-Segunda Sala

    Prescripción del procedimiento disciplinario CAS

    La Dirección Regional de Educación San Martín abrió un procedimiento contra una servidora CAS por haber sido contratada también como secretaria mediante locación de servicios durante 2022. La primera sanción de suspensión por 30 días se emitió el 16 de julio de 2025, casi 1 año después de notificarse el inicio. La propia entidad anuló de oficio esa sanción el 10 de septiembre y emitió otra el 12 de septiembre. La servidora apeló alegando que había vencido el plazo máximo de duración del procedimiento. El Tribunal revisó el cómputo y el efecto de la nulidad sobre el tiempo restante.

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  • SERVIRGestión pública · SERVIR y SUNAFIL

    Resolución N.° 005388-2026-SERVIR/TSC-Segunda Sala

    Cese temporal docente y verdad material

    La UGEL La Unión inició un procedimiento disciplinario contra la directora de la Institución Educativa N.° 1448 porque, según la imputación, omitió registrar información del mantenimiento escolar de 2024, ejecutó negligentemente las acciones previstas y no rindió cuentas de los fondos. Le impuso 6 meses de cese temporal sin remuneración. La directora apeló: sostuvo que la plataforma no permitía el acceso, que comunicó el problema a la UGEL y que los trabajos sí se realizaron. Presentó fotografías y cuestionó que los cargos no precisaran las omisiones atribuidas. El Tribunal examinó la validez del inicio y de la sanción.

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Gestión pública · Contrataciones 2

  • Contrataciones del EstadoGestión pública · Contrataciones

    Resolución N.° 9180-2026-TCP-S3

    Nulidad por motivación insuficiente de acto

    La Municipalidad Distrital de Marcona convocó un concurso público, bajo la Ley N.° 30225, para contratar la supervisión de una obra educativa. Tras anteriores apelaciones, el Consorcio Edificación obtuvo la buena pro. La entidad emitió luego la Resolución de Gerencia N.° 162-2026-GM/MDM, vinculando la pérdida de esa buena pro y la nulidad del procedimiento con presuntas deficiencias en la acreditación del jefe de supervisión e información supuestamente inexacta. El consorcio apeló: sostuvo, entre otros argumentos, que la resolución no identificaba con claridad los documentos ni los hechos que sustentaban la decisión, y pidió que se ordenara suscribir el contrato.

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  • Contrataciones del EstadoGestión pública · Contrataciones

    Resolución N.° 09104-2026-TCP-S4

    Redondeo de utilidad en oferta económica

    La Municipalidad Provincial de Piura convocó un concurso para supervisar la ejecución de una obra educativa. El comité descalificó la oferta del impugnante porque calculó en S/ 649.99 la utilidad equivalente al 10 % de un costo directo de S/ 6,499.99. Esa operación redujo el total ofertado en S/ 0.01 y llevó al comité a considerarlo inferior al límite permitido. El postor sostuvo que la utilidad debía expresarse como S/ 650.00 y apeló tanto su exclusión como la buena pro concedida a otro proveedor. También pidió que el Tribunal le adjudicara directamente el contrato.

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Otras materias 5

  • SUNAFIL

    Resolución N.° 1144-2026-SUNAFIL/TFL-Primera Sala

    Entrega tardía de información y graduación de multa

    En una inspección a CLIFOR S.R.L., SUNAFIL requirió información el 21 de abril de 2021 para verificar las materias comprendidas en la orden inspectiva. La empresa no la remitió dentro del plazo, y la autoridad concluyó que esa omisión impidió continuar la investigación. La documentación apareció meses después, en los descargos del procedimiento sancionador. La Intendencia de Lima Metropolitana confirmó una multa muy grave por afectar la labor inspectiva, calculada sobre 16 trabajadores. Ante el Tribunal, la empresa discutió la infracción y aportó documentos según los cuales 3 personas incluidas en ese cálculo ya no trabajaban allí cuando ocurrió la inspección.

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  • Corte Superior

    Sentencia de Vista, Resolución 26, Exp. N.° 23880-2024-0-0901-JR-FC-02

    Reconocimiento judicial de unión de hecho

    El demandante pidió que se reconociera la unión de hecho que, según afirmó, mantuvo con la causante desde 2000 hasta su fallecimiento en 2019. También solicitó efectos patrimoniales sobre un departamento y un estacionamiento, así como la inscripción registral. Los hijos de la causante, demandados como integrantes de su sucesión, cuestionaron la prueba de convivencia. El juzgado reconoció la unión desde el 28 de septiembre de 2011 hasta el 10 de febrero de 2019 y declaró formada una sociedad de bienes. En apelación, los demandados señalaron que parte de los documentos correspondía a la época anterior al divorcio de la causante y que los demás no probaban un hogar común.

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  • Corte Suprema

    Recurso de Nulidad N.° 212-2026 Lima

    Robo agravado – sustitución de pena

    Un sentenciado por robo agravado, a quien se impuso 30 años de prisión, solicitó sustituir la pena por una de 20 años. Alegó que la Ley N.° 30076 exigía, para aplicar la agravante del último párrafo del artículo 189 del Código Penal, pertenecer a una organización criminal y causar la muerte o lesiones graves; sostuvo que su pertenencia a una organización no había sido declarada en la condena. La Sala Superior declaró improcedente el pedido. El sentenciado interpuso recurso de nulidad y cuestionó, además, la motivación de ese auto.

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  • Corte Superior

    Sentencia de Vista, Resolución N.° 23, Exp. N.° 02638-2022-0-2001-JR-FC-02

    Divorcio por conducta deshonrosa

    La demandante pidió el divorcio por violencia, injuria grave, conducta deshonrosa e imposibilidad de hacer vida en común; también solicitó indemnización por daño moral y tenencia de sus hijas. El juzgado desestimó las causales y declaró improcedente la indemnización. Al apelar, la demandante insistió en que el demandado mantenía una relación con una trabajadora de la empresa familiar y cuestionó la valoración de los conflictos conyugales. En la Sala surgió una discrepancia: el magistrado ponente propuso confirmar íntegramente la sentencia, mientras los otros 2 integrantes estimaron la causal de conducta deshonrosa.

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  • Corte Superior

    Sentencia de Vista – Exp. N.° 16520-2025-0-1801-JR-CA-17

    Desafectación de vía pública y motivación administrativa

    Un administrado solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima desafectar para vivienda un área de 75,57 m² situada en parte del Pasaje 2 de un asentamiento humano de La Victoria. El Concejo Metropolitano rechazó el pedido mediante el Acuerdo N.° 215-2025-MML, apoyado en informes que calificaban el terreno como área de circulación y advertían que una edificación obstruía el paso. El juzgado declaró infundada la demanda contra ese acuerdo. En apelación, el solicitante sostuvo que no se habían valorado sus documentos sobre la ocupación, los servicios y la situación urbana del predio.

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